La decisión del presidente Donald Trump de mantener a Colombia descertificada en la lucha contra las drogas presenta una aparente contradicción. Mientras ubica al país entre los únicos cuatro que, según Estados Unidos, “fallaron de manera demostrable” en sus compromisos antidrogas, el mandatario ofrece un fuerte respaldo al nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, responsabiliza por completo a la administración anterior y abre una ruta para que Colombia salga de esa categoría el próximo año.
La explicación está, en buena medida, en el periodo evaluado. La determinación mide los esfuerzos realizados durante los 12 meses anteriores, lapso que transcurrió casi en su totalidad bajo el gobierno de Gustavo Petro y durante el cual De La Espriella solo ocupó la Presidencia por poco más de un mes.
El documento, remitido al Congreso este miércoles, incluye a Colombia, junto con Afganistán, Bolivia y Birmania, entre los cuatro países que, según Washington, no realizaron esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha contra las drogas.
Trump, sin embargo, concedió nuevamente a Colombia un waiver, o excepción, al determinar que mantener la asistencia estadounidense al país es “vital para los intereses nacionales” de EE. UU. Por ello, la descertificación no implica un corte automático de la cooperación.
Un fuerte respaldo a De La Espriella
Es en la justificación sobre Colombia donde se evidencia la singularidad de la decisión.
“El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De La Espriella como presidente”, afirma Trump, quien destaca su compromiso de liderar “una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína”.
El respaldo va incluso más lejos.
“Colombia está preparada para retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio”, sostiene el presidente estadounidense, antes de asegurar que las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales colombianos “finalmente tienen un digno defensor en el presidente De La Espriella”.
Trump tampoco deja dudas sobre a quién atribuye la decisión de mantener la descertificación. Según el mandatario, el estatus permanece “únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, que estuvo en el poder durante la mayor parte del periodo evaluado.
Es decir, el documento descertifica a Colombia por segundo año consecutivo, pero exonera políticamente al gobierno que actualmente dirige el país y responsabiliza por completo a su antecesor.
La afinidad no sustituye los resultados
Aun así, la decisión deja otra señal para Bogotá. La afinidad política entre Trump y De La Espriella, y el rápido acercamiento entre ambos gobiernos, no fueron suficientes para evitar que Colombia permaneciera formalmente descertificada.
Y eso refleja el peso que la lucha contra las drogas sigue teniendo en la agenda de Trump.
“Ha sido un tema constante, y cuando yo fui embajador en Trump 1.0, el tema de erradicación estaba muy alto en la agenda, y supongo que eso sí se va a continuar”, dice Kevin Whitaker, que fue embajador de EE. UU. en Colombia durante los primeros dos años y medio de la primera administración del republicano.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha colocado la lucha contra los carteles y las organizaciones que denomina narcoterroristas entre sus prioridades de seguridad nacional y ha recurrido incluso a la fuerza militar contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico de drogas.
La determinación muestra, además, un componente muy propio de la relación que Trump mantiene con sus aliados. El documento se riega en elogios con De La Espriella y preserva la cooperación con Colombia mediante el waiver, pero, al mismo tiempo, fija resultados concretos que Washington espera recibir a cambio durante el próximo año.
“Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación agresiva de coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar el estatus de ‘fallo demostrable’ del país”, afirma Trump.
La hoja de ruta, por tanto, es explícita. Washington espera avances en la erradicación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales y, a cambio, ofrece reconsiderar la descertificación en 2027.
Un trago amargo
Pese al tono extraordinariamente favorable hacia De La Espriella y a que el waiver preserva la cooperación, la decisión no deja de representar una especie de trago amargo para un gobierno que ha construido rápidamente una estrecha alianza con Washington y que esperaba que ese cambio político ayudara a evitar una segunda descertificación consecutiva.
Sobre todo porque existen antecedentes en los que Washington optó por no descertificar a Colombia pese a indicadores muy preocupantes.
En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y la primera presidencia de Trump, la determinación estadounidense reconoció que había considerado “seriamente” declarar que Colombia había fallado de manera demostrable debido al “extraordinario crecimiento” de los cultivos de coca y la producción de cocaína durante los tres años anteriores, incluido un récord de cultivos en los últimos 12 meses.
Trump finalmente no lo hizo.
La decisión destacó entonces que la Policía y las Fuerzas Militares colombianas eran socios cercanos de EE. UU., que habían mejorado los esfuerzos de interdicción y que el país había retomado parte de la erradicación. Pero advirtió que la descertificación seguiría siendo una opción si Colombia no mostraba avances significativos.
Durante el gobierno de Iván Duque tampoco hubo descertificación. En 2019, Trump reconoció que el país seguía enfrentando niveles récord de coca y producción de cocaína heredados del gobierno anterior, pero destacó los “avances iniciales” de Duque para revertirlos y el esfuerzo por reactivar la erradicación aérea.
Los antecedentes muestran que la decisión nunca ha dependido exclusivamente del número de hectáreas de coca y que también incluye consideraciones políticas.
“Para mí fue una sorpresa. Obviamente, el secretario Rubio (durante su visita a Barranquilla) notó claramente que esto es retrospectivo, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos 12 meses. Y, con base en eso, mi conclusión fue que la descertificación era posible. Ahora bien, esto es un proceso muy político y, dada la naturaleza de la relación entre la administración Trump y De La Espriella, yo suponía que habría más flexibilidad, pero no la hubo”, afirma Whitaker.
Pero quizá el contraste más llamativo de la determinación de este año sea Venezuela.
Hace apenas un año, Trump mantuvo al país vecino entre los que habían “fallado de manera demostrable” y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de dirigir una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo.
Ahora Venezuela desaparece de esa categoría.
Trump afirma que desde la captura y salida de Maduro del poder en enero se han obtenido resultados gracias a la creciente cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, incluida la eliminación del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero.
“Dados los pasos positivos adoptados bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser designada como un país que ha fallado de manera demostrable en el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas”, sostiene.
La comparación resulta especialmente interesante por los tiempos. El cambio político en Venezuela ocurrió apenas en enero, por lo que la cooperación que Trump elogia abarca solo una parte de los 12 meses evaluados. Aun así, consideró suficientes esos avances para retirar a Venezuela de la categoría. En Colombia, en cambio, decidió mantenerla porque el gobierno anterior estuvo en el poder durante “la mayor parte” del periodo.
Eso también ayuda a entender la naturaleza de la decisión. La certificación no opera como una fórmula matemática. Los resultados cuentan, pero también pesan la cooperación, la orientación de cada gobierno y la valoración que hace Washington de los avances recientes.
Para Colombia, el mensaje tiene dos caras. De La Espriella recibe un respaldo político difícil de encontrar en una determinación que, formalmente, sanciona el desempeño del país, mantiene intacta la cooperación y obtiene de Trump una promesa explícita de reconsiderar la decisión.
Pero también recibe una exigencia. Dentro de un año, cuando llegue la siguiente evaluación, el periodo bajo examen ya corresponderá fundamentalmente a su gobierno y Washington tendrá la oportunidad de medir los resultados frente a la ruta que el propio Trump acaba de fijar.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington – @sergom68
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