El ataque con un arma de fuego a la sede principal de la Procuraduría tiene la primera hipótesis preliminar. El hecho, que generó reacciones de distintos funcionarios, se registró a inicios de septiembre, cuando públicamente se dio a conocer que por una ventana del piso 26 había entrado un proyectil.
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EL TIEMPO conoció que la investigación que lideran la Dijín de la Policía y la Fiscalía General ya arrojó las primeras luces, que, según fuentes de la Fuerza Pública, ubican a un vecino del sector como el presunto responsable del ataque.
Los hechos se conocieron públicamente el martes 1 de septiembre. Ese día ya estaban agentes de la Policía Nacional inspeccionando la oficina del procurador Pedro Luis Bonilla, uno de los cinco delegados para la intervención ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Cerca de su escritorio quedó la bala que según fuentes, sería de calibre 765.
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“Afortunadamente, nadie estaba en la oficina, eso fue el fin de semana. Parece una bala calibre 765“, le dijo a este diario una fuente ese martes.
De inmediato empezaron a surgir hipótesis. La primera llevó a pensar que fue un ataque con fusil propinado desde los Cerros Orientales, y que tenía como objetivo al procurador Bonilla, quien tiene en su despacho expedientes de connotación nacional. Otra versión fue que el ataque habría podido ser dirigido contra el procurador general, Gregorio Eljach, quien tiene su despacho en el piso 25.
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No obstante, distintos funcionarios de la Procuraduría General le dijeron a este medio que, si bien había zozobra y alarma por lo que había pasado, se percibía un clima de normalidad en el sentido de que ni el procurador delegado había recibido antes alguna amenaza y que además se había producido durante el fin de semana, cuando nadie estaba en el edificio.
El tema cobró una dimensión mayor cuando a la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema llegó una carta elaborada por el magistrado José Joaquín Urbano, quien alertó que podrían estar en riesgo los miembros de la Sala y los funcionarios de la Procuraduría General que han conocido del expediente contra el condenado exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como ‘Kiko’ Gómez.
La carta del magistrado tuvo como antecedente un mensaje que se viralizó en redes sociales, en el que se advertía que un “poderoso asesino guajiro” le había pedido a su familia irse a Italia, queriendo protegerlos debido a que había ordenado tres homicidios.
Al momento de dirigirse al presidente de la Sala Penal pidiendo una investigación, Urbano explicó que él fue el ponente de la decisión que condenó a este cacique de la Costa Caribe a 31 años y ocho meses de prisión, al revocar en abril pasado la absolución que había proferido el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de homicidio agravado. Además, se resaltó que el procurador Bonilla intervino en ese expediente para solicitar un fallo en contra del exgobernador guajiro.
Durante estos días, la Dijín y la Fiscalía han venido tejiendo la investigación, y para los agentes es clave el dictamen balístico. Una de las mayores dudas que ha habido es que, por su tamaño, la bala hallada en la oficina del procurador no tendría el calibre necesario como para haber sido disparada desde los Cerros.
La más reciente hipótesis es que el disparo se debe a un arma que accionó un hombre que sería vecino del sector, que llegó en la madrugada del domingo 30 de agosto a su casa. Para llegar a esa tesis -que no se traduce en que se haya cerrado el caso-, se recolectaron testimonios y se revisaron las cámaras de seguridad. De hecho, la versión de unos cuantos disparos ese fin de semana en horas de la madrugada la habrían dado una mujer que realiza labores de vigilancia en un edificio y uniformados que estaban patrullando la zona.
Para fortalecer la investigación, la próxima semana está previsto que la Fiscalía le haga un interrogatorio a una de las personas involucradas.
Por ahora, las autoridades intentan definir qué motivó a ese hombre a disparar, su identificación y antecedentes, y si tenía una intención directa de hacerlo en contra de la sede del órgano de control.
Tras el disparo al piso 26, ‘Kiko’ Gómez dijo que no tener nada que ver en ese episodio, y de hecho resaltó su versión en diálogo con Caracol Radio. Luego de ello, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de este condenado desde la cárcel de La Dorada, Caldas, a La Picaleña, de Ibagué.
El abogado Juan Felipe Criollo, quien defiende a Gómez, precisamente le envió un oficio a la Fiscalía en el que solicitó acceder a detalles de cómo avanza esta investigación, que con la hipótesis preliminar no se traduce en que se haya cerrado el expediente en el que se busca esclarecer una eventual responsabilidad penal.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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