El traslado de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella a Cali comenzó a transformar el dispositivo de seguridad del suroccidente del país incluso antes de que el Congreso complete el trámite para oficializar el cambio de sede. Mientras la Cámara de Representantes ya dio su aval (falta Senado) para que la ceremonia del 7 de agosto se realice en la capital del Valle del Cauca, las autoridades nacionales y regionales avanzan en la coordinación de un operativo que involucra a la Fuerza Pública, organismos de inteligencia y entidades territoriales con el propósito de garantizar el desarrollo del acto en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo, de la Universidad Santiago de Cali.
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La logística no se limita al escenario donde se realizará la ceremonia. Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que desde la tarde del martes quedó instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de la Policía, las Fuerzas Militares, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali y otras entidades del Estado. Desde ese centro de coordinación se hará seguimiento permanente al orden público en el departamento y la ciudad, en una operación que funcionará “24/7” desde este miércoles y hasta el 8 de agosto.
El PMU concentrará la evaluación de riesgos, la coordinación de respuestas y el monitoreo de cualquier situación que pueda afectar el desarrollo del evento. Paralelamente, las autoridades preparan la expedición de decretos relacionados con el control de escombros, la prohibición del uso de drones y otras restricciones que serán definidas junto con el Ministerio de Defensa.
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Precisamente, este jueves está previsto un Consejo de Seguridad convocado por esa cartera para ajustar las medidas que regirán durante la posesión.
El esquema diseñado para proteger al presidente electo y a las delegaciones nacionales e internacionales seguirá el modelo de seguridad por anillos que tradicionalmente se emplea en eventos de alto nivel.
Según las fuentes, la Casa Militar será la encargada de establecer los lineamientos generales. El primer anillo estará bajo la coordinación de la Policía Nacional y la propia Casa Militar, responsables de la protección inmediata del jefe de Estado. En un segundo nivel actuará la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de la seguridad de funcionarios e invitados especiales, mientras que el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana asumirán el control del perímetro externo y de las áreas de influencia del recinto.
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El despliegue adquiere una dimensión especial por la presencia prevista de representantes de las altas cortes, organismos de control, el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y delegaciones extranjeras. Entre los asistentes esperados figuran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el rey de España, Felipe VI, lo que obliga a fortalecer los protocolos de protección y coordinación entre las autoridades colombianas y los equipos de seguridad de los visitantes.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que ya se desarrolló un consejo de seguridad en el que fueron definidas las primeras acciones para reforzar la vigilancia sobre corredores estratégicos y municipios considerados prioritarios. El operativo abarcará no solo a Cali, sino también a Palmira, Jamundí, Popayán y otros puntos del suroccidente donde se busca garantizar la movilidad de las delegaciones y prevenir alteraciones al orden público.
Una de las decisiones centrales será la prohibición del vuelo de drones durante los días previos, el día de la posesión y jornadas posteriores. La medida tiene como antecedente los ataques con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas registrados en el Valle del Cauca, el primer departamento del país donde este tipo de modalidad fue utilizada por grupos armados ilegales. Ese precedente llevó a que el control del espacio aéreo se convierta en uno de los ejes del operativo.
Las autoridades también mantienen un monitoreo permanente sobre posibles movilizaciones sociales.En particular, siguen de cerca la situación de comunidades indígenas y la posibilidad de concentraciones en sectores como Puerto Rellena, donde se ubica el campamento conocido como La Resistencia.
Otra de las medidas que se contemplaría son los controles de ingreso en los principales accesos a Cali. Según las autoridades, la decisión busca regular el ingreso de personas a la ciudad debido a la crisis humanitaria y a la presión que enfrenta la red hospitalaria.
Redacción Justicia
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