EL TIEMPO conoció que la Fiscalía compulsó copias para que se investiguen los presuntos vínculos de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, con estructuras paramilitares, tras la ocupación por parte de bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que, según las autoridades, harían parte del patrimonio del cantante.
Fiscalía ocupa bienes por más de $45.000 millones que harían parte del patrimonio de Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC
La decisión se produjo después de que la Sala analizara los argumentos presentados por la Fiscalía dentro del proceso de Justicia y Paz relacionado con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según el ente acusador, durante la investigación se estableció que el entonces cabecilla de esa estructura, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente habría utilizado a terceros para mover dinero e invertir en bienes con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Como parte de esa investigación, la Fiscalía hizo inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos e identificar que harían parte del entramado ilegal investigado.
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Con base en esos elementos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos. Los activos corresponden a un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron posesión de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Las medidas cautelares corresponden a una decisión de primera instancia y, de acuerdo con la Fiscalía, contra ella proceden los recursos de ley.
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El abogado Saúl León explicó que el cantante podría “ser investigado por cuatro delitos: lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir esto porque el caso está dentro de un proceso de extinción de dominio que busca que los bienes producto de actividades delictivas terminen en, por ejemplo, reparar víctimas. Esta ocupación de bienes obliga a la Fiscalía a investigar al cantante por los presuntos delitos que mencioné y, si es encontrado culpable, podría pagar hasta 30 años de cárcel”.
La compulsa de copias conocida por EL TIEMPO implica que las autoridades deberán adelantar las actuaciones correspondientes para establecer si existen elementos que permitan determinar la eventual responsabilidad del cantante en los hechos que son materia de investigación. Hasta el momento no existe una decisión que lo declare responsable por estos señalamientos y el cantante, oriundo de Girardot, no se ha pronunciado.
Redacción Justicia
