A menos de dos semanas de asumir la presidencia de la República, Abelardo De La Espriella comenzó a marcar los lineamientos de lo que será su política de seguridad. En medio de los empalmes regionales, el presidente electo lanzó un mensaje directo a los principales comandantes de los grupos armados ilegales: les dio un ultimátum para que se sometan o se entreguen a la justicia antes del próximo 7 de agosto; de lo contrario, advirtió que, una vez llegue a la Casa de Nariño, las operaciones en su contra no cesarán hasta lograr su rendición, captura o neutralización.
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La advertencia se produce en un momento en el que las principales organizaciones armadas conservan intactas sus líneas de mando y mantienen presencia en amplias zonas del país, en parte, debido al desarrollo de la fracasada ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, que llevó a suspender órdenes de captura, reconocimiento de voceros y abrió mesas de diálogo y acercamientos con distintas estructuras ilegales.
Ese crecimiento de estos grupos a más de 27.000 integrantes se produjo pese a que, desde la mitad del Gobierno, la Fuerza Pública intensificó la ofensiva militar con acciones terrestres, operaciones especiales y 25 bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, aunque ninguno logró establecer el paradero de los principales cabecillas ni concretar sus capturas.
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Los principales objetivos de las autoridades siguen siendo alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central; alias Pablito y la cúpula del Eln; alias Chiquito Malo, máximo comandante del ‘clan del Golfo’; y alias Urías Perdomo o ‘Cotiz’, junto a alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de los bloques y frentes. Todos mantienen capacidad de mando sobre estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial.
El principal objetivo de las operaciones militares contra las disidencias es Néstor Gregorio Vera Fernández, ‘Iván Mordisco’, máximo comandante del Estado Mayor Central (Emc), señalado por las autoridades como el enemigo número uno del Estado colombiano.
Bajo el mando de ‘Mordisco’ se encuentran 4.176 integrantes distribuidos en 118 municipios de 14 departamentos, y es considerado uno de los responsables del deterioro del orden público en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Según información conocida por EL TIEMPO, el jefe guerrillero permanece oculto en una zona selvática de la Amazonía colombiana y presenta problemas de salud, situación que habría limitado sus desplazamientos. Su esquema de seguridad se habría reforzado para evitar infiltraciones y facilitar su atención médica en campamentos instalados en esa región.
‘Iván Mordisco’ tiene dos órdenes de captura vigentes y una condena por reclutamiento forzado. Este criminal es requerido por terrorismo, homicidio de personas protegidas y líderes sociales, reclutamiento ilícito y narcotráfico. La recompensa por su cabeza asciende a 5.000 millones de pesos.
‘Pablito’, otro objetivo
Otro de los principales objetivos de inteligencia es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito o Carlos Marín Guarín, identificado por las autoridades colombianas como uno de los máximos comandantes del Eln, la primera organización armada con la que el gobierno de Gustavo Petro abrió un proceso formal de diálogos de paz. Este hombre estaría moviéndose por las selvas del Catatumbo entre Colombia y Venezuela.
Este ‘eleno’ es señalado de delitos de homicidio, rebelión, secuestro, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, entre otros. La recompensa por información que conduzca a su captura también alcanza los 5.000 millones de pesos, mientras los organismos de inteligencia mantienen el seguimiento sobre los demás integrantes de la cúpula guerrillera.
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De acuerdo con informes de inteligencia militar conocidos por EL TIEMPO, ubican a los demás integrantes del Comando Central (Coce), entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, en territorio venezolano.
Según esos reportes, allí se habrían replegado luego de que, en enero del año pasado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, reactivara las órdenes de captura contra 31 voceros de esa guerrilla designados para los diálogos con el Gobierno. La Fiscalía General de la Nación sustentó esa decisión en que la escalada de violencia registrada en el Catatumbo era incompatible con una participación “genuina y comprometida” en el proceso de paz.
De hecho, sobre estos señalados criminales, el Gobierno Nacional anunció, tras la crisis humanitaria en Norte de Santander, hasta 3.000 millones de pesos por información que permita ubicarlos y capturarlos.
EL TIEMPO conoció además que, tras el incremento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, integrantes del Eln reforzaron sus esquemas de seguridad y movilidad en ese país. Según información recopilada, miembros de esa guerrilla comenzaron a utilizar uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana y alias Pablito, junto con mandos del frente de guerra Oriental, empezaron a desplazarse con esquemas de protección asociados a esa fuerza.
Rastro del jefe del ‘clan’
En el caso del ‘clan del Golfo’, el principal objetivo es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, señalado como el máximo jefe de esa organización, la más grande del país, que reúne 9.915 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo, con presencia en más de 330 municipios de 18 departamentos.
Además, información de inteligencia indica que este hombre permanece en el Nudo de Paramillo, entre Antioquia y Córdoba, una región que históricamente ha servido como corredor de movilidad, refugio y conexión hacia el Caribe, Urabá y el occidente del país.
Durante el gobierno Petro, la orden de captura en su contra fue suspendida como parte de los acercamientos con esa organización, pero posteriormente fue reactivada, por lo que volvió a integrar la lista de objetivos prioritarios de la Fuerza Pública. Además, tiene una solicitud de extradición.
Según el cartel oficial del Ministerio de Defensa, ‘Chiquito Malo’ es requerido por homicidio, concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado, y sobre él pesa una recompensa de 5.000 millones de pesos.
Entre los comandantes de las disidencias que permanecen activos también figura alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de los bloques y frentes, organización con presencia en Meta, Guaviare, Caquetá y otras zonas del suroriente del país, donde concentra más de 2.800 integrantes entre hombres armados y redes de apoyo.
Mientras el Gobierno mantiene conversaciones con delegados de esa estructura, las autoridades continúan siguiendo los movimientos de sus mandos. Según los organismos de inteligencia, la organización conserva control sobre corredores utilizados para el narcotráfico y otras economías ilegales; además, es señalada de participar en la guerra del Catatumbo, que deja más de 100.000 personas desplazadas.
Dentro de esa estructura aparece Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo o ‘Cotiz’, señalado como jefe de la estructura ‘Rodrigo Cadete’. Aunque el cartel divulgado por el Ministerio de Defensa no detalla los delitos que se le atribuyen, ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información para su captura. Otro hombre clave es Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, jefe del bloque Magdalena Medio y uno de los voceros visibles del proceso de conversaciones adelantado por el gobierno de Gustavo Petro con esa organización armada. A comienzos de julio, el presidente electo lo declaró objetivo militar al señalarlo como uno de los responsables de la crisis humanitaria que enfrenta el Catatumbo.
Jesús Blanquicet – @JusticiaET – blaant@eltiempo.com
