“Los 99 que aceptaron someterse a la ley penal demuestran que el fracaso de la ‘paz total’ no fue total”, asegura Armando Novoa, exdelegado para la mesa de negociación con la Coordinadora Bolivariana en el Putumayo. Dice que el presidente De La Espriella podría capitalizar así éxitos tempranos de su gobierno en política de sometimiento.
Usted, como delegado de Paz del anterior gobierno en las conversaciones con la Coordinadora Bolivariana, concretamente logró que 99 personas aceptaran desarmarse y someterse a la ley penal. Estaban ya en una Zona de Ubicación Temporal, pero el Presidente acaba de ordenar terminar esas zonas y acabar con la llamada ‘paz total’. ¿De todo eso, queda algo para salvar?
En nuestra mesa tuvimos que comenzar por hacer gestiones para que se les entregaran sus cédulas, su documento de identidad. En Colombia, de acuerdo a nuestra Constitución, el primer derecho, además del derecho a la vida, para tener una existencia dentro de la institucionalidad, es tener una identidad y ellos no la tenían. La obtuvieron en el contexto de nuestra mesa de diálogos.
El país está de acuerdo con que ya no estamos frente a las guerrillas comunistas contraestatales, sino de simples grupos criminales…
Esa premisa no se discute, pero eso no significa que no tengan una estrategia de poder territorial, de relacionamiento con las comunidades, de control sobre las economías ilícitas y también de la imposición de un orden ilegal y criminal frente a las comunidades.
¿Qué cosa decirle al nuevo gobierno para que el Presidente aproveche a esos 99 que ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal?
Recordémoslo, lo hicieron sin armas, suscribieron actas individuales de acogimiento a la justicia y, por consiguiente, solo se requiere que el Presidente ponga en funcionamiento esa hoja de ruta. Sin embargo, en el acto administrativo que han dictado, no se establecen con claridad los pasos a seguir para consolidar y avanzar en esa decisión, que podría capitalizar tanto el Gobierno con su orden de sometimiento, como las personas que aún se mantienen en la Zona de Ubicación Temporal.
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Entiendo que, ante la falta de señales, muchas de esas personas se fueron de la zona de ubicación; quedan algunas. ¿Están dispuestas realmente a someterse a la justicia penal? Porque el Presidente ha sido muy claro: solo aceptará sometimiento al Código Penal.
Y en eso ha insistido en un video que pusieron a circular, conocida la decisión presidencial. Esas personas, repito, están en disposición de acudir ante las autoridades judiciales competentes, que para este caso sería la Fiscalía General de la Nación, y están a la expectativa precisamente de que la Fiscalía haga presencia en la zona. Lo deseable sería que tuvieran un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de por lo menos parte de los países o entidades que acompañaron este proceso. Esas personas se mantienen en su decisión y están en disposición de continuar la ruta que establezca la propia Fiscalía.
Usted, como exdelegado de esa mesa en concreto, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo o dejó de hacer? Porque, para ser honestos –sé que usted no va a estar de acuerdo–, una parte importante del país está “hasta la coronilla” de la tal ‘paz total’.
Debemos reconocer que hubo varias cosas que no resultaron de la mejor manera. Una de ellas fue no haber generado un espectro de opinión que permitiera a la opinión pública conocer más de cerca y tener información más precisa de la oficina del comisionado de Paz. Y esa circunstancia permitió que se llegara a una conclusión aceptada por muchos sectores de la opinión pública, que incorporó como una muletilla: la ‘paz total’ es un fracaso total.
Es que parte de la consideración de que fue un fracaso proviene de la expansión brutal de los grupos armados por los territorios del país, que se le atribuye a la falta de acción durante la ‘paz total’.
No estoy seguro de esa afirmación: no se ha examinado a detalle. Se dice que cuando empezó la política de ‘paz total’, estos grupos, o por lo menos los de aquel con el cual negociamos nosotros, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, se duplicaron en el número de efectivos en el territorio y en todo el país. De acuerdo con esa información, se dice que pasaron de cerca de 14.000 a 28.000. Pero cuando uno va al detalle y a la fuente, se explica que por lo menos la mitad del incremento de esos grupos está representado en milicianos. Son personas vestidas de civil, que no hacen parte de una estructura en campamento, a la manera como operaban las antiguas Farc, sino que se encuentran mimetizados en los territorios y muchos de ellos hacen parte de las familias y de las comunidades que habitan en esas regiones.
Pues por eso los cuentan. Porque son simpatizantes por voluntad propia o probablemente a la fuerza, pero lo son…
Pero esa consolidación no fue producto de la política de ‘paz total’; venía de tiempo atrás. Quienes estuvimos involucrados en agenciar la política de ‘paz total’ podemos afirmar que una de las características que tiene esta violencia actual posterior al acuerdo de paz del 2016 es justamente el fraccionamiento y la dispersión de los grupos criminales a lo largo del territorio de nuestro país. Esos grupos tienen unas características diferentes, tienen unos elementos comunes, pero para acertar en lo que viene de aquí en adelante corresponde mirar más en detalle las realidades territoriales y la complejidad que tienen esos grupos en cada una de las regiones donde tienen presencia.
Pero hablemos concretamente de lo que usted podría considerar resultados “capitalizables” de esa ‘paz total’…
Es una pregunta que nos han hecho con anterioridad y repetimos lo siguiente: cuando unas personas deciden someterse en forma libre y autónoma a la justicia, dejar sus armas y hacer tránsito a la vida civil, no es solo lo deseable, sino lo obligatorio para todas las autoridades del Estado darle curso a esa manifestación de voluntad. De tal manera que para nosotros no era una opción decirles que aceptamos esa decisión, sino hacer lo que efectivamente hicimos: llevarlos a la Zona de Ubicación Temporal y poner esa decisión en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Defensoría, para que ambas autoridades, dentro de sus competencias y conjuntamente con el Gobierno, le dieran trámite a esa manifestación de voluntad. En ese punto seguimos.
Precisemos más. Dice que estas personas están dispuestas a someterse al Código Penal. ¿Se refiere a las leyes del marco general de sometimiento como la 418 y la 782 que, aunque pertenecen al marco de la justicia ordinaria, son leyes autónomas, pero facilitan concesión de amnistías, indultos? ¿O es someterse al Código Penal a palo seco?
Pues las personas que están ahí no han reclamado un nuevo marco jurídico para llevar a cabo su decisión de acogerse al Estado de derecho y a la justicia penal. En los diálogos que hubo previamente a esa decisión del nuevo presidente, estaba claro que ellos decidían dar ese paso para que se activaran los mecanismos disponibles dentro de la ley penal vigente. Y eso es lo que están esperando que ocurra.
Esas leyes hay que prorrogarlas cada cuatro años y se viene la fecha. Francamente, no veo ese ánimo en el Presidente. Se lo digo…
En el momento en que las personas ingresaron a la Zona de Ubicación Temporal, estaban vigentes unas normas que, en virtud del principio de favorabilidad, hay que aplicar, porque están a hoy vigentes. Incluso si esa norma cambia con posterioridad, habría entonces que acudir al artículo 29 de la Constitución, que establece el principio de favorabilidad, que consiste en reconocer la retroactividad de normas penales que sean más favorables para quienes se acojan a la justicia. Pero si no fuera así, también está disponible la Ley 1908 del 2018, que fija un marco judicial que deben transitar los grupos delictivos organizados. En cualquiera de los dos escenarios, el Gobierno y la Fiscalía deben activar los mecanismos disponibles.
Las autoridades del Estado deberían concurrir en esa voluntad (de sometimiento) para materializar un bien superior, que es separarse de las violencias
Otra reflexión. Usted insiste en que el presidente De La Espriella capitalice políticamente el proceso, recogiéndolo en ese punto en el que usted lo dejó. Porque finalmente sería un sometimiento, que es lo que él exige: que el crimen y los criminales se sometan a la ley en lugar de imponer sus condiciones y garantizar su impunidad. Originalmente eran 99, pero aunque suene poco, son un punto de partida y se podrían convertir en un ejemplo, e ir trayendo a más.
Teníamos a corto plazo considerada la posibilidad de que ingresara al menos un número igual en el transcurso de los siguientes meses. Al menos a 250 personas. Para ingresar a la zona no pusieron ninguna condición a cambio; lo hicieron de forma unilateral y voluntaria, y en ese sentido podríamos llamar que ese es un acto típico de sometimiento a la justicia. Ahora las autoridades del Estado deberían concurrir en esa voluntad para materializar un bien superior, que es separarse de las violencias y reincorporarse a la vida civil.
¿Ha habido contactos entre esos Bolivarianos y el nuevo gobierno?
Antes de que el Presidente dictara las resoluciones de levantamiento de nuestra mesa, el grupo le envió una carta abierta al Presidente diciéndole que ellos estaban interesados en continuar en esa ruta de sometimiento a la justicia. ¿Eso qué significa? Hacer una dejación unilateral de armas y encontrar una solución jurídica dentro de las reglas actuales de la Constitución y de la ley. ¿Cuáles? Pues la que establece el Código Penal, el de Procedimiento Penal y en particular dos leyes: la 418 y la 1908. Esta última establece un procedimiento para el sometimiento, para lo cual el Presidente debe nombrar a un responsable para hacer las aproximaciones y los diálogos de sometimiento con el grupo. También indica que se deben habilitar unas zonas para adelantar esas conversaciones y establece unas reglas para que el grupo nombre unos voceros a efecto de materializar ese sometimiento.
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¿Y no más contactos?
Incluso el mismo grupo ha hecho dos manifestaciones escritas dirigidas al Presidente, manifestando su interés en continuar con su sometimiento por parte de miembros de esas estructuras que no alcanzaron a ingresar a la Zona de Ubicación Temporal. Lamentablemente, esas manifestaciones no han sido atendidas. Y hay que recordar que esas 99 personas originales, así estén al margen de sus derechos, tienen unas expectativas legítimas. Y el principio de dignidad también opera para ellos, por lo menos para que las autoridades competentes se hagan presentes en la zona de ubicación tan pronto como puedan y les informen sobre la decisión que tome el Presidente. Lo peor que puede ocurrir es que ninguna autoridad del Estado lo haga.
Por último, ¿qué le puede ofrecer usted concretamente a De La Espriella para que retome el proceso, si es que hay realmente alguna cosa interesante en materia de sometimiento a la ley?
El sometimiento no es una dejación de armas sin reglas, sino dentro de las reglas del Estado social de derecho. Tenemos una expectativa ya como exdelegados: la prórroga de la Ley de Orden Público, que debería ocurrir a partir del mes de noviembre. Pero si no se hace eso, pues las reglas están contenidas en el Código de Procedimiento Penal y esas reglas son las que le estoy mencionando.
Tenemos la expectativa de que esos diálogos se lleven adelante y que haya una señal clara del Gobierno en el sentido de que va a permitir que esas personas se separen de la violencia
Sometimiento dentro de las reglas del Código Penal… Eso debería interesarle al Presidente.
Así es. Y como nosotros no pensamos este proceso en función de que fuera una victoria, sino en función de que fuera una política que trascendiera el gobierno anterior, podría ser una victoria temprana para el nuevo gobierno, porque está la voluntad del grupo, están las personas dispuestas a ir a la zona de ubicación desarmadas, separadas del grupo. Cuando nosotros le entregamos el informe final a la señora fiscal general de la Nación, ella señaló, dentro de sus competencias, que ese tema tendría que ser objeto de un diálogo de coordinación institucional con el gobierno entrante. Y, por supuesto, tenemos la expectativa de que esos diálogos se lleven adelante y que haya una señal clara del Gobierno en el sentido de que va a permitir que esas personas se separen de la violencia.
Dejamos planteado el paso inicial de una hoja de ruta que le puede permitir al Gobierno tener una victoria temprana, porque también hemos visto en estos días que hay otros grupos y otras personas de grupos armados, ilegales o criminales, que han manifestado su decisión de someterse a la justicia. Por ahora, esos 99 demuestran que el fracaso de la ‘paz total’ no fue tan total.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO