Un apartamento ubicado en el exclusivo sector de Unicentro, en Bogotá, específicamente en el conjunto residencial Santa Bárbara Norte, tiene 4.290 copropietarios.
El inmueble tiene 98 metros cuadrados y a 4.257 de sus dueños les corresponde apenas el 0,023 % de la propiedad. A los demás, porcentajes incluso menores. El apartamento les fue adjudicado como parte del proceso de reparación por el escándalo de captación masiva de dinero de DMG, cuyo líder, David Murcia Guzmán, paga una condena de más de 20 años de cárcel.
EL TIEMPO habló con algunos de los adjudicatarios, quienes aseguran que, durante el proceso de liquidación de la ‘pirámide’, que operó bajo la fachada de un holding, jamás se enteraron de que les habían entregado como parte de la reparación un ínfimo porcentaje de un apartamento que, hasta hoy, no han podido vender ni usar, pero por el que sí les están cobrando impuestos.
“Me enteré porque me llegó un mensaje de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, donde me informaban que debía corregir el pago de un impuesto predial. Al revisar, vi que el CHIP no correspondía a ninguna propiedad mía y, por lo tanto, yo no había hecho jamás ningún pago sobre dicho inmueble. El mensaje decía que yo supuestamente había pagado $1.000 y que el valor del impuesto era cercano a $3 millones, por lo que me conminaban a cancelar los $2 millones 999 mil pesos restantes”, le afirmó a este diario uno de los propietarios.
Otros cuentan que se enteraron cuando solicitaron subsidios para comprar casa y se los negaron porque sus nombres figuraban en los registros de libertad y tradición del apartamento en Santa Bárbara.
Sin embargo, son personas que no tienen una vivienda —ni siquiera de interés social—, pero que no pueden acceder a estos beneficios por cuenta de la adjudicación.
Según la información de la Secretaría de Hacienda, el avalúo del apartamento es de $461.487.000.
Si a la mayoría de los copropietarios les corresponde el 0,023 % del inmueble, su participación tendría un valor cercano a $106.000, una cifra muy inferior a las inversiones de 20, 30 y hasta 50 millones de pesos que algunos hicieron.
Dieciocho años después del desplome de la captadora, esa adjudicación no solo representa una recuperación marginal frente al dinero invertido, sino que además les ha generado obligaciones asociadas a la propiedad del inmueble.
“Sé que está ocupado desde hace varios años, según me indicó el vigilante del edificio donde queda el apartamento”, comentó una de las fuentes.
A las empresas de DMG (Grupo DMG S.A.) las autoridades les incautaron cientos de bienes raíces, vehículos de lujo, dinero en efectivo y mercancías valoradas inicialmente en más de 130.000 millones de pesos, según la Superintendencia de Sociedades.
EL TIEMPO consultó a la agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, quien aseguró que en 2011 fueron adjudicados un total de 576 bienes inmuebles y, en 2013, otros 19, para un total de 595 propiedades repartidas entre las más de 200.000 víctimas de la pirámide.
Perry explicó que el apartamento de Unicentro terminó repartido entre miles de víctimas porque no fue posible venderlo dentro del plazo previsto por la ley.
Según señaló, una vez quedaron en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes de DMG, la ley establecía un plazo de dos meses para intentar enajenar los activos por un valor no inferior al avalúo. En el caso de este apartamento, ese término se agotó sin que se lograra concretar su venta.
Fue entonces cuando se presentó ante la Superintendencia de Sociedades el proyecto para adjudicar el inmueble directamente a los acreedores, es decir, a las víctimas reconocidas dentro del proceso.
Y, de acuerdo con la explicación de Perry, quienes no quisieran recibir bienes como parte de la adjudicación debían manifestarlo expresamente al liquidador. Si guardaban silencio, la ley entendía que aceptaban.
Como ninguno de los 4.290 adjudicatarios manifestó su negativa, explicó la liquidadora, la Superintendencia de Sociedades procedió a adjudicarles los respectivos porcentajes del apartamento y a ordenar su registro en la tradición del inmueble.
La paradoja es que, según los testimonios recogidos por EL TIEMPO, algunos de esos nuevos propietarios aseguran que ni siquiera sabían que tenían que rechazar una adjudicación que desconocían que se estaba haciendo.
Sobre este punto, Perry aseguró que la ley tampoco obligaba a realizar una notificación personal a cada uno de los miles de adjudicatarios.
La providencia mediante la cual se tomó la decisión fue notificada, según explicó, a través de la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial de la Superintendencia de Sociedades y el sitio web ‘Baranda Virtual’.
“No existe constancia de notificación personal por cuanto la providencia judicial de adjudicación y, en general, todas las decisiones proferidas dentro del proceso de liquidación judicial de la sociedad DMG Grupo Holding S.A., son notificadas mediante estado publicado en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial y en el sitio web ‘Baranda Virtual’ de la Superintendencia de Sociedades”, afirmó Perry.
Tampoco se les informó de manera individual y expresa sobre las cargas económicas que implicaba convertirse en propietarios del inmueble, entre ellas el pago de impuestos.
Según Perry, hacerlo no era una obligación legal. Explicó que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 58 de la Ley 1116 de 2006, los gastos generados por los inmuebles a partir del momento en que queda ejecutoriada la providencia de adjudicación son responsabilidad de los adjudicatarios.
Es decir, desde que quedaron oficialmente registrados como propietarios, las obligaciones asociadas al apartamento quedaron también en cabeza de ellos.
Sobre cuánto debe actualmente el apartamento por concepto de impuestos, sanciones o intereses, e incluso sobre su estado actual, Perry aseguró que,
como agente liquidadora, no tiene esa información.
“No se tiene conocimiento del valor de la deuda por cuanto la información es exclusiva de la Secretaría de Hacienda Distrital y de los adjudicatarios o actuales propietarios del bien inmueble”, explicó.
Sí aseguró que, cuando el apartamento fue adjudicado, tenía al día todos los impuestos causados hasta ese momento.
Para las víctimas que ahora quieren desprenderse de ese pequeño porcentaje de propiedad, el panorama tampoco parece sencillo.
Según Perry, la Superintendencia de Sociedades no puede cancelar ni reversar la adjudicación, pues la decisión quedó en firme, fue ejecutoriada y se encuentra debidamente registrada en la tradición del inmueble.
“Legalmente no existe ninguna posibilidad de que la Superintendencia de Sociedades cancele o anule los efectos de la adjudicación del bien inmueble a favor de los adjudicatarios, toda vez que la providencia de adjudicación se encuentra en firme, ejecutoriada y debidamente registrada sobre la tradición del bien inmueble. La única opción es la enajenación del porcentaje de participación, labor que le corresponde directamente al adjudicatario del bien inmueble”, afirmó.
Eso significa que cada víctima tendría que buscar la manera de vender por su cuenta una participación que, para 4.257 de ellas, equivale apenas al 0,023 % de un apartamento compartido con otras 4.289 personas.
Ahora, entre algunos de los copropietarios existe temor por lo que pueda ocurrir con las deudas tributarias acumuladas y la posibilidad de que eventualmente deriven en procesos de cobro coactivo que puedan afectar su patrimonio.
“Me parecería aberrante que lleguemos a esta situación por un procedimiento erróneo de la firma liquidadora y me gustaría que algún abogado, experto, etc., nos oriente a los afectados sobre la manera en que deberíamos proceder para no llegar a esta situación. Está en peligro el patrimonio de muchas personas que, como yo, hemos trabajado toda la vida como para que ahora nos resulten estos problemas debido a desinformación o fallas en el proceso”, dijo uno de los propietarios.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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