“El Gobierno anterior hizo de la reforma agraria una de sus banderas políticas, pero el informe de empalme revela que fue, en gran medida, una operación de maquillaje estadístico”. Esa es una de las frases contenidas en el denominado Libro de la Verdad, el cual contenía una serie de denuncias, en diversos aspectos del Estado, que el equipo de empalme del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella le entregó este martes a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Uno de los capítulos trata sobre el denominado “engaño de la reforma agraria”, el cual daría cuenta de que el gobierno saliente entregó tierras sin títulos y pagó casi un billón de pesos por predios que el Estado ni siquiera logró registrar, a pesar de que esa fue una de sus banderas. De acuerdo con el libro, a través del Fondo de Tierras se entregaron 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 (apenas el 7% de la meta 2022-2026) cuentan con registro pleno ante Instrumentos Públicos.
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Ello con la agravante de que 206.273 hectáreas se entregaron de forma provisional, por lo cual permanecen dudas sobre la seguridad jurídica de los predios que hoy ocupan campesinos en diversas regiones del país. Esta información está respaldada por órganos de control como la Contraloría General de la República.
“El patrón se repite, con dinero público de por medio, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La Contraloría advirtió que la ANT pagó $979.003 millones por 537 predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que, al 22 de junio de 2026, solo tres de esos predios tenían escritura registrada a favor de la Nación. En otras palabras, el Estado pagó casi la totalidad del dinero, pero no logró consolidar la propiedad de prácticamente ninguno de los predios que compró”, es otra de las alertas.
Para el equipo de empalme, sin título registrado, un campesino beneficiario no puede vender su tierra, no puede heredarla ni usarla como respaldo de crédito, y queda expuesto al despojo por terceros. Agrega que el Gobierno anterior promovió una ocupación de tierras sin garantías legales y la presentó como una “conquista social”. El libro concluye con que el manejo de casi un billón de pesos en predios sin registrar no solo representa un riesgo de pérdida de recursos públicos, sino que abre la puerta a peleas judiciales entre terceros y a posibles hechos de corrupción.
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¿Qué datos adicionales revela la Contraloría sobre la Reforma Agraria?
EL TIEMPO tuvo acceso al décimo informe del Seguimiento al Acuerdo Final de Paz de la Contraloría General de la República, el cual entre sus conclusiones presenta que,ocho años después de la firma del acuerdo, el país sigue lejos de cumplir su promesa más simbólica: entregar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra a través del Fondo de Tierras. Detrás de las cifras de incumplimiento hay un problema más profundo, y menos visible, que golpea directamente a quienes ya recibieron un predio y que complementa la problemática alertada en el Libro de la Verdad: buena parte de esa tierra no tiene título, no está registrada y, por tanto, no ofrece ninguna seguridad jurídica a sus beneficiarios.
El punto de partida es contundente. De las 3’000.000 de hectáreas que deben redistribuirse a través del Fondo de Tierras, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas desde 2017. Es decir, apenas un 4% de la meta total, con un rezago acumulado de más de 1,5 millones de hectáreas.
Otro indicador clave es la formalización de siete millones de hectáreas que ya están en manos de campesinos pero sin título formal, que tampoco avanza al ritmo que se esperaba, pues en 2025 se formalizaron 271.197 hectáreas frente a una meta de 1’167.362, lo que refleja un cumplimiento de solo el 23%. Para todo el período 2017-2025, el rezago llega a 1’502.286 hectáreas.
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La Contraloría concluye que ninguna de las dos metas se cumplirá en sus plazos originales (2026 y 2028), ni siquiera si se extiende el plazo hasta el cierre general del Plan Marco de Implementación en 2031. Para lograr la meta de formalización en el plazo previsto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría que formalizar 3,75 millones de hectáreas en un solo año, un ritmo que el propio informe califica de “inalcanzable”.
Pese al panorama de incumplimiento estructural, 2025 fue el año con más hectáreas adjudicadas desde la firma del Acuerdo: 63.864 hectáreas, repartidas entre población campesina y grupos étnicos. La ANT explicó a la Contraloría, mediante oficio del 19 de febrero de 2026, que desde 2023 adelanta un “proceso de ajuste técnico” del indicador, que incluyó cambios en las fuentes de información, la metodología de medición y la definición misma del indicador.
El hallazgo más relevante del informe para entender la seguridad jurídica del campo colombiano no está en las metas incumplidas, sino en la letra pequeña de cómo se está entregando la tierra. Según la ANT, entre 2017 y el primer trimestre de 2026 se entregaron en total 328.586 hectáreas, repartidas en tres categorías jurídicas muy distintas, como lo son el titulado y registrado, el titulado y pendiente de registro y las entregas provisionales. Esta última, las provisionales, representan hasta 177 mil hectáreas, lo que corresponde a más de la mitad del total, pero que no garantiza seguridad jurídica a los campesinos.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
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