El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, mediante el cual declaró una situación de desastre de carácter nacional ante el riesgo inminente asociado al desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia. La medida tendrá una vigencia de 12 meses y busca activar un régimen especial para la atención, reducción del riesgo y recuperación frente a los posibles impactos del evento climático.
De acuerdo con el decreto, la decisión se fundamenta en la información técnica que advierte una alta probabilidad de fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y su persistencia hasta el primer trimestre de 2027, con posibles efectos sobre el abastecimiento de agua, la generación de energía, la salud pública, la seguridad alimentaria y otros servicios esenciales.
El documento señala que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las condiciones de El Niño ya están presentes tanto en el océano como en la atmósfera, con una probabilidad superior al 95 % de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una probabilidad cercana al 63 % de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”. Asimismo, se advierte sobre una mayor probabilidad de reducción de lluvias en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, disminución de caudales y niveles en embalses, aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y olas de calor.
Según el decreto, los análisis técnicos también evidencian el riesgo de racionamientos de energía y de una disminución en los niveles de los embalses, situación que podría afectar la prestación de servicios públicos esenciales. En ese sentido, el Gobierno sostiene que “la posible ocurrencia de apagones generalizados y racionamientos prolongados de energía” representa “una amenaza real y grave” para la población y para la infraestructura crítica del país.
El texto agrega que la evidencia científica muestra que, de no adoptarse medidas extraordinarias, “la evolución esperada del fenómeno de El Niño puede derivar en interrupciones graves y prolongadas de la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, con afectación directa de la vida, la salud, la seguridad y la subsistencia digna de millones de habitantes”.
En materia de salud, el decreto advierte que el fenómeno podría incrementar la ocurrencia de deshidratación, agotamiento y golpes de calor, además de favorecer condiciones para la transmisión de enfermedades como dengue, malaria, chikunguña, zika, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, leptospirosis y otras zoonosis. También menciona riesgos relacionados con enfermedades diarreicas, inseguridad alimentaria y afectaciones especiales para niños, adultos mayores, gestantes, pacientes con enfermedades crónicas y comunidades con acceso limitado a agua potable.
En el componente de abastecimiento de agua, el Gobierno señala que fueron identificados 558 municipios con riesgo alto y muy alto de desabastecimiento por disminución de las precipitaciones, de los cuales 111 presentan el mayor nivel de criticidad, según la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El decreto establece que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con ministerios y entidades territoriales, deberá formular y ejecutar un Plan de Acción Específico para la Recuperación. Entre las líneas estratégicas definidas se encuentran el abastecimiento, uso eficiente y ahorro del agua; la alimentación y seguridad alimentaria; el fortalecimiento de la transición energética y la autogeneración en población vulnerable; acciones en salud pública; y la prevención y atención de incendios forestales y protección ambiental.
Además, el Gobierno dispuso la creación de una subcuenta temporal denominada “Fenómeno del Niño 2026-2027” dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para financiar las acciones derivadas de la declaratoria, así como la posibilidad de realizar los traslados presupuestales necesarios para atender la situación.
Daniela Gutiérrez Munar
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