Un nuevo cambio normativo, que entró en vigencia el pasado viernes 18 de septiembre, busca restringir el acceso a la residencia permanente para los inmigrantes legales que utilicen o puedan necesitar asistencia estatal. A pesar de los recursos judiciales interpuestos en cortes federales, la medida implementada por la administración de Donald Trump endurece los criterios de evaluación financiera para los solicitantes.
La regulación modifica de manera sustancial la definición de lo que las autoridades migratorias consideran una “carga pública”. Desde la Ley de Inmigración de 1882, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido la facultad de denegar el ingreso o la residencia a personas que no puedan sustentarse por sus propios medios.
En 1999, bajo el mandato de Bill Clinton, esta categoría se aplicaba únicamente a quienes dependían primordialmente de ayudas económicas directas, como el Ingreso Suplementario de Seguridad o el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, además del uso de Medicaid para cuidados institucionales de largo plazo.
Durante su primer período presidencial, Trump intentó ampliar dicho concepto para incluir beneficios no monetarios, lo que derivó en una norma aplicada en 2020 que posteriormente fue anulada por un tribunal federal y derogada por la administración de Joe Biden. En 2022, el gobierno de Biden emitió un reglamento que limitaba el análisis al recibo de prestaciones en efectivo y aclaraba que las ayudas recibidas por los familiares no afectaban la solicitud del aspirante.
Negarán Green Card por ‘carga pública’: qué significa esto
El ajuste más reciente, publicado en julio, deroga la disposición de 2022 e incrementa el abanico de programas sociales que los funcionarios de inmigración pueden revisar. A través de la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó: “Bajo la presidencia de @POTUS Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos. Reafirmamos la necesidad de la autosuficiencia, protegemos los recursos públicos y ponemos fin a las políticas que fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.
Aunque la orden del DHS no detalla de forma explícita cada uno de los programas sujetos a revisión, señala que evaluará la recepción de cualquier ayuda pública sujeta a verificación de recursos.
Según detalló a CNN Maddie Geschu, directora de políticas y defensa de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, esa amplitud abarca programas basados en ingresos como:
- Crédito tributario por hijos y otras exenciones fiscales
- Vales de vivienda
- Medicaid
- Subsidios para el cuidado infantil
- Cupones de alimentos•Programa Head Start
Adicionalmente, las autoridades de inmigración quedan facultadas para examinar los beneficios solicitados a nombre de integrantes del núcleo familiar, aun cuando se trate de hijos con ciudadanía estadounidense.
Impacto en los solicitantes y el llamado efecto disuasorio
Los datos oficiales del DHS indican que un promedio de 588.000 aspirantes a la tarjeta de residencia son sometidos cada año a la verificación de carga pública. Sin embargo, el impacto potencial va más allá de esta cifra.
El propio organismo calcula que cerca de 950.000 personas podrían abandonar voluntariamente o abstenerse de inscribirse en seis programas estatales clave, entre ellos:
- Asistencia federal para el alquiler
- Cupones de alimentos
- Medicaid
- Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)
Es preciso aclarar que los inmigrantes indocumentados no entran en este esquema, dado que por su condición migratoria no cumplen las condiciones para acceder a la asistencia pública federal.
Advertencias sobre consecuencias sociales y económicas
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación por el impacto que la confusión o el temor puedan generar en la nutrición y salud de la población infantil.
Clarissa Hayes, subdirectora de programas y políticas de nutrición infantil del Food Research & Action Center, señaló a CNN: “Ningún padre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos y mantener unida a su familia. No podemos permitir que el miedo y la confusión determinen si un niño tendrá suficiente para comer o no”.
Asimismo, Maddie Geschu advirtió que el texto “abre la puerta a abusos en el proceso de obtención de la tarjeta verde basados en la política partidista o los prejuicios personales”, al señalar que la norma concede un amplio margen de discrecionalidad a los evaluadores.
Estudios de la Universidad George Washington difundidos en diciembre estiman que 3,7 millones de integrantes de hogares inmigrantes podrían dejar de percibir ayudas de vivienda, salud y alimentación. Este fenómeno podría representar pérdidas de US$ 27.400 millones para las economías estatales por menor actividad en comercios y proveedores sanitarios, al tiempo que pondría en riesgo hasta 212.000 puestos de trabajo.
Demandas judiciales para frenar la medida contra ‘Green Card’
Ante los eventuales efectos económicos y sociales, una coalición de 22 estados junto con el Distrito de Columbia, con el liderazgo de Nueva York, radicó un recurso judicial en el Distrito Sur de Nueva York para suspender la aplicación de la norma. De manera paralela, una agrupación de ciudades encabezada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una acción legal similar en la misma instancia.
Los demandantes argumentan que el retiro masivo de familias de los programas sociales perjudicará las finanzas locales, trasladará los costos de atención primaria a los presupuestos municipales y comprometerá la salud pública. Asimismo, sostienen que la norma concede una potestad desmedida a los funcionarios encargados de los expedientes migratorios.
La entrada en vigencia del reglamento está programada para comenzar el viernes 18 de septiembre. La jueza federal de distrito Ronnie Abrams, adscrita al Distrito Sur de Nueva York, fijó para el 9 de octubre la audiencia inicial en la que se evaluará la demanda presentada por los estados.
Laura Daniela Alarcón Vargas
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.