El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la ejecución de los convenios que hacen parte del nuevo modelo de expedición y producción de pasaportes en Colombia. La orden se ejecutará mientras las entidades involucradas entregan información sobre el estado de implementación del esquema, la cadena de producción de las libretas y las condiciones de seguridad y participación de terceros en el proceso.
La decisión fue adoptada por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante un auto interlocutorio fechado el 2 de septiembre, dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
El proceso está relacionado con la presunta afectación de derechos e intereses colectivos vinculados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y confianza en la gestión pública y el acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y oportunidad.
En la providencia, el magistrado ponente, Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, resolvió decretar una medida cautelar consistente en la “suspensión provisional de la ejecución del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y del C1-005 de 2026”, además de los acuerdos que se deriven de estos.
La orden no supone, de acuerdo con el propio tribunal, una decisión definitiva sobre la legalidad del esquema. En el sexto punto de la parte resolutiva, la corporación precisó que la medida “no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad del Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025” y que tampoco “implica declaración alguna sobre su validez o invalidez”.
Tribunal pide informe sobre los convenios y da orden a la Imprenta Nacional
La suspensión estará acompañada de una serie de requerimientos dirigidos a las entidades responsables del modelo.
Al respecto, el Tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Impresa Nacional Casa da Moeda de Portugal presentar, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, un informe conjunto, completo y detallado sobre la ejecución del convenio.
Ese documento deberá establecer cuáles actividades han sido efectivamente desarrolladas “entro del Convenio interadministrativo específico No. 001 de 2025 y sus contratos derivados”, qué fases fueron implementadas, cuáles compromisos contractuales se han materializado y cuál es el cronograma actualizado de ejecución.
Además, las entidades deberán entregar los soportes que permitan verificar el estado real de implementación del modelo adoptado.
Uno de los puntos centrales de la orden judicial está relacionado con la cadena de producción de las libretas. El Tribunal pidió al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Imprenta Nacional y a la Casa da Moeda de Portugal otro informe integral, dentro de los mismos 20 días, en el que se precise la ubicación e identificación de todos los “centros de producción” utilizados para fabricar los pasaportes.
También deberán identificar a las “entidades, contratistas, subcontratistas o terceros” que intervengan en las etapas de “producción, transporte, almacenamiento, custodia, personalización, distribución y entrega”.
La información, según el Tribunal, tendrá que diferenciar las actividades realizadas directamente por la empresa portuguesa de aquellas desarrolladas por terceros, así como explicar los “procedimientos de supervisión y control implementados frente a todos los intervinientes” y los mecanismos de trazabilidad utilizados durante el proceso.
La providencia también exige información sobre los “protocolos de seguridad, custodia y control aplicables a los materiales sensibles”, los elementos de seguridad y la documentación relacionada con la producción de las libretas.
El tribunal estableció que la suspensión provisional permanecerá vigente hasta que las entidades acrediten de manera “suficiente, objetiva y verificable” el estado real de ejecución del nuevo modelo, la disponibilidad efectiva de las libretas y su ubicación, ya sea en Colombia o en el exterior.
Además, deberán demostrar las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentren las libretas y donde se realice su personalización, así como precisar el alcance de la intervención de terceros en el desarrollo del objeto contratado.
Pese a la suspensión de la ejecución de los convenios, el Tribunal dejó expresamente establecido que la medida no puede significar la interrupción del servicio para los ciudadanos.
Por esa razón, ordenó a las entidades involucradas adoptar de “manera inmediata las medidas administrativas, presupuestales, contractuales, operativas, tecnológicas y logísticas” necesarias para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes.
La providencia establece que dicha prestación debe mantenerse “continua, regular e ininterrumpida” y señala que, en ningún caso, la medida cautelar podrá traducirse en “la interrupción, limitación o suspensión del acceso de los ciudadanos al referido servicio público”.
La decisión judicial se produce en medio de los cuestionamientos que ya habían surgido alrededor de la implementación del nuevo esquema, que reemplazó el modelo anterior y vincula a la Imprenta Nacional con la Casa da Moeda de Portugal. Sobre el componente financiero, la Contraloría había emitido una advertencia especial por riesgos fiscales, financieros y operativos relacionados con el sistema.
LAURA NATHALIA QUINTERO.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.