Un nuevo frente de discusión política e institucional se abrió entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. El gobierno nacional decidió objetar el proyecto de ley 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado, una iniciativa promovida por el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que buscaba regular la modificación de los requisitos mínimos para acceder a puestos directivos en el sector público y en empresas con participación del Estado.
La determinación, comunicada por la Presidencia de la República, se sustentó en argumentos de inconstitucionalidad e inconveniencia, enfatizando que el veto “no pretende eliminar los requisitos mínimos ni abrirle paso a nombramientos sin idoneidad“, detalla un comunicado de este sábado.
Esta decisión obliga al trámite legislativo a someterse a una nueva revisión en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
Las razones de la Presidencia para frenar la iniciativa
Frente a las dudas surgidas por la decisión, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Andrés Barreto, explicó los fundamentos técnicos y legales que llevaron al jefe de Estado a no sancionar el texto aprobado por los parlamentarios.
En una comunicación pública el funcionario señaló que el proyecto invade competencias reservadas de manera exclusiva al Ejecutivo, como la facultad de organizar la estructura de los empleos públicos, además de alterar atribuciones consultivas que le corresponden al Consejo de Estado.
Según el análisis de la Casa de Nariño, los procedimientos previos incluidos en la norma terminarían por burocratizar la vinculación de personal capacitado en el sector oficial.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, objetó el Proyecto de Ley 056 de 2024 Cámara – 345 de 2024 Senado por razones de constitucionalidad e inconveniencia.
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 21, 2026
El Gobierno Nacional considera que el proyecto invade competencias propias del Ejecutivo, introduce… pic.twitter.com/nPG7Aeg4jT
Otro comunicado de este sábado detalla que ya existe un Decreto de Ley 770 de 2005 que establece en su artículo 5 que para cargos de Nivel Directivo el requisito mínimo obligatorio es contar con título profesional y experiencia, mientras que el máximo exigible abarca título profesional, posgrado y experiencia específica.
El artículo 8, además, autoriza la compensación de posgrados (especialización, maestría o doctorado) por años de experiencia profesional afín y viceversa, o por títulos profesionales adicionales.
Otro de los puntos centrales expresados por la Secretaría Jurídica radica en el impacto social que tendría la aplicación de la ley sobre ciertos sectores de la población. De acuerdo con el Gobierno, mantener esquemas rígidos en los perfiles laborales perpetuaría barreras de entrada para jóvenes profesionales, mujeres calificadas y ciudadanos provenientes de las regiones.
Además, Barreto declaró que “el proyecto exige tres trámites previos, estudios internos del departamento administrativo de función pública y concepto del Honorable Consejo de Estado, para poder proveer el nombramiento en el servicio público, lo cual haría más lenta y burocrático a la provisión de cargos de personal directivo, entorpeciendo la modernización del Estado en áreas como la inteligencia artificial o la transición energética”.
En ese sentido, la ley del senador Cadavid “resulta innecesaria e inconveniente”, dijo el secretario jurídico de la Presidencia de la República.
La postura de la oposición en el Congreso
La decisión del Gobierno nacional generó reacciones inmediatas en el Capitolio. El congresista Hernán Cadavid expresó su desacuerdo con los señalamientos de la Presidencia y reafirmó que la meta central de la propuesta era salvaguardar el mérito en la administración pública y evitar la flexibilización de perfiles para cargos de alta responsabilidad.
Ante las explicaciones entregadas por la Casa de Nariño, el representante impulsador de la norma y varios congresistas de su partido anunciaron que mantendrán la defensa del articulado durante los debates programados en las comisiones y plenarias correspondientes.
El escenario que debe surtir el proyecto
Con la radicación formal de las objeciones presidenciales, el Congreso de la República deberá conformar subcomisiones accidentales en ambas cámaras para evaluar los argumentos presentados por el Ejecutivo.
Posteriormente, los legisladores deberán votar si aceptan las razones de inconstitucionalidad e inconveniencia expuestas por la Presidencia o si, por el contrario, insisten en la sanción del texto tal como fue aprobado originalmente en sus cuatro debates.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.