Con más de 130 páginas, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le entregó el ‘Libro de la verdad’ a los organismos de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría). Se trata de un corte de cuentas a la administración de Gustavo Petro, con denuncias sobre presuntos casos de corrupción, deficiencias en el Gobierno, debilitamiento del rigor técnico y otras características que pusieron en riesgo la gestión pública.
“Mi obligación como Presidente es construir el futuro de Colombia, pero también es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que, por su gravedad, comprometen la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, afirmó el presidente De La Espriella en la entrega del documento en la mañana de ayer.
El informe comienza dando cuenta de la metodología que usaron para llegar a la conclusión de que hubo al menos nueve comportamientos que pusieron en riesgo al país durante el periodo 2022-2026. “Hoy el ‘Libro de la verdad’ no está describiendo hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos que se repiten”, declaró el vicepresidente José Manuel Restrepo frente a los hallazgos presentados.
La mayor alerta fue sobre la “destrucción del rigor técnico” del gobierno Petro, puesto que, supuestamente, se reemplazó el mérito por “relaciones de conveniencia y dependencia política en los nombramientos”, lo que habría desencadenado errores en la gestión y se favorecieron los actos de corrupción. Esto también habría desencadenado la “parálisis operativa”, otra de las alertas hechas en el informe. En ese mismo tono, el ‘libro de la verdad’ dice que la capacidad tecnológica del Ejecutivo se perdió al no reemplazar tecnologías obsoletas y no contratar alternativas técnicas.
Las alertas también se dieron por la información poco confiable y sin contraste que reportó la anterior administración. Ambos temas se combinaron para que la ciudadanía no supiera bien qué estaba ocurriendo en el Gobierno, favoreciendo los actos de corrupción y otras malas prácticas.
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“El país quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre”, declaró el Presidente en la entrega del informe al hablar sobre estas presuntas irregularidades.
Los hallazgos también apuntaron a que la contratación estatal se concentró en pocos actores, lo que representó un ataque directo a la libre competencia y favoreció prácticas clientelares. Esa misma situación propició la inseguridad fiscal, que supuestamente creó un “incremento sostenido de la exposición a controversias judiciales, arbitrales, administrativas o sancionatorias derivadas”.
Los otros comportamientos reportados apuntan a una pérdida del control del territorio por cuenta de los grupos armados y a una falta de coordinación entre las distintas instancias del gobierno nacional, lo que llevó en algunas ocasiones a una duplicidad de funciones y a una acción poco efectiva. Por último, el gobierno de De La Espriella hizo énfasis en la baja capacidad fiscal con la que recibe el Ejecutivo.
Todos esos comportamientos, de acuerdo con De La Espriella y su equipo, fueron los que dieron paso a prácticas deficientes, que rayan con la corrupción, en las principales áreas del Gobierno (ver recuadros). La conclusión principal fue: “Cuando existe un manejo desordenado, irresponsable o poco íntegro, o cuando hay usos indebidos de los recursos públicos, lo que se pone en riesgo es la Nación misma”, señaló Restrepo en la entrega del informe.
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Las 10 alertas del Gobierno
Además de revelar un informe entregado ministro por ministro, el documento presentado ayer hizo énfasis en 10 casos que pusieron en riesgo la gestión del Estado colombiano.
El hallazgo más grave habría sido la baja gestión y ejecución de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Supuestamente, solo se ejecutó el 4,3 por ciento del presupuesto para el cuatrienio Petro, cuando se habían destinado 15,3 billones de pesos en toda la vigencia. También se alertó sobre la falta de reintegro de 240.766 millones del escándalo de los carrotanques de La Guajira. La poca gestión de la UNGRD cobra valor en estos momentos, cuando la entidad tendrá que hacer frente a la atención de la emergencia por el terremoto de la semana pasada.
La segunda alerta fue por la baja gestión en la atención de La Guajira, que está amparada por una sentencia de la Corte Constitucional por el estado de cosas inconstitucional frente a la niñez wayú. “Entre 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por 11,78 billones al amparo de la Sentencia T-302 sin resultados verificables para la niñez guajira”, dice la denuncia presentada por la nueva administración.
Otro de los puntos en los que hizo mayor énfasis el gobierno de De La Espriella fue la cantidad de contratación por prestación de servicios. “Nóminas paralelas”, de esta forma lo catalogó el primer mandatario, quien alertó por cerca de 900.000 contratos bajo esta modalidad. Supuestamente fueron cerca de 15 billones de pesos que quedan de pasivo por este “uso desmedido” de la figura.
La cuarta alerta se concentró en la expansión de los grupos armados en el país, mientras que el Ejército “perdió capacidad de respuesta”. En este punto hizo énfasis en el déficit presupuestal de la Fuerza Pública, que ronda los 14 billones de pesos, lo cual incluso ha impedido que se haga mantenimiento a las aeronaves: “solo ocho de 19 helicópteros MI-17 están operativos”. El gobierno entrante también alertó por la falta de recursos para pagar el bono pensional del programa Adulto Mayor. Está desfinanciado y sus recursos se gastaron en su totalidad entre enero y julio.
“Desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026” fue la alerta emitida, pues el gobierno Petro intentó ampliar el programa a una mayor población por el tema electoral, sin saber qué recursos iba a dejar para la continuación del programa durante la siguiente administración.
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También se prendieron las alarmas por la contratación en el Fondo de Igualdad, que era una cuenta con la que el Ministerio de la Igualdad ejecutaba recursos sin tener que aplicar los procesos de contratación ordinarios fijados en la Ley 80. El Fonigualdad pagó 140.910 millones de pesos a una empresa de servicios temporales sin aportar mayores soportes.
“Los contratos con la empresa de servicios temporales carecen de soportes que acrediten que el personal contratado cumplió la finalidad del fondo, según se denuncia en el Congreso”, dice el documento que radicó el nuevo gobierno ante los órganos de control. La séptima alerta hecha por la administración de De La Espriella se basa en la entrega de tierras para la reforma agraria. Supuestamente, de la mayoría de la tierra adjudicada (351.463 hectáreas), solo 95.148 tienen todos los registros. Este tema genera polémica, pues implicaría que el gobierno Petro entregó tierras sin títulos, a pesar de que se destinó cerca de un billón de pesos para la compra de predios.
Otro de los ítems en los que hizo énfasis la administración De La Espriella fue la crisis de la empresa Air-e. Pasó de tener 2.22 billones de patrimonio en 2023 a tener un déficit de 377.662 millones en 2025. Sobre todo, se hizo énfasis en los 2,5 billones de pesos en pérdidas acumuladas durante la actual administración.
La novena alarma presentada en el ‘libro de la verdad’ se enfoca en el detrimento por 548.000 millones de pesos del Fomag. Además de las falencias en el sistema de salud de los profesores, supuestamente hay demoras de hasta siete años para el pago de pensiones. La última de las alertas principales está enfocada en el déficit fiscal. En este punto, sobre todo, se hizo énfasis en que la deuda adquirida tiene las tasas más altas de la historia del país.
Los casos de corrupción
No solo fueron alertas por los casos que pusieron en riesgo la gobernanza del país, sino que el documento entregado a los órganos de control se concentró en posibles casos de corrupción.
“Los casos que se presentan a continuación recogen algunas de las actuaciones adelantadas por el Equipo Élite Anticorrupción, con ocasión de los hallazgos advertidos durante el ejercicio de empalme institucional llevado a cabo en el marco del proceso de transición gubernamental. Por sus características particulares, al estar relacionados, entre otros asuntos, con procesos contractuales próximos a ser adjudicados, decisiones administrativas adoptadas en momentos de transición y la gestión de recursos públicos, estos hallazgos ameritaron una revisión más profunda”, dice el documento, que presenta 23 casos de corrupción.Entre ellos se evidenció que en el Hospital San Juan de Dios, cuya recuperación fue una prioridad para la administración de Gustavo Petro, se habrían presentado varias irregularidades. En el documento se evidenció que había una nómina millonaria para un hospital que aún no había abierto sus puertas.
“Estas cifras llevaron al Equipo Élite a examinar la proporcionalidad entre el crecimiento de la planta de personal y el nivel de operación efectivo de la institución, así como la razonabilidad de las decisiones adoptadas en esa etapa de implementación. Con base en lo verificado, el caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que, dentro del ámbito de sus competencias, evaluaran las actuaciones administrativas relacionadas con la conformación de la planta de personal”, se lee en el ‘libro de la verdad’.
Otras de las denuncias hechas por la nueva administración de De La Espriella apuntan a la baja ejecución de programas como ‘caminos comunitarios para la paz’. De igual manera, se alertó que el 6 de agosto, un día antes del fin del gobierno Petro, se iba a entregar la contratación de varios proyectos del Ocad de ciencia y tecnología por un valor de 900.000 millones.
Asimismo, se hizo especial mención a las decisiones del Dapre y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de declarar días hábiles para la contratación varios fines de semana de julio. En ese mismo tono, se apuntó a la entrega de un contrato entregado por la empresa Cenit a Gesycobro SAS por un valor de 23.663 millones de pesos, cuando la empresa apenas tenía un capital de 117 millones. Asimismo, se hizo mención a los cambios en un proceso contractual del Fenoge, las modificaciones en los estatutos de Electrohuila para “atornillar” a la gerente.
La fiscal sostuvo que el trámite de la información deberá mantener un equilibrio entre el avance de las investigaciones y las garantías de quienes puedan resultar involucrados. “La lucha contra la corrupción hoy, que es el Día Nacional contra la Corrupción, exige instituciones firmes, pero también prudentes; decididas, pero respetuosas de las garantías; comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y con el debido proceso”.
Redacción Política