Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, alista un paquete de 15 directrices con las que buscará impulsar una reforma al sistema penal y a la política criminal del país.
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Cancino, quien fue designado a inicios de este mes, lidera el empalme para el sector justicia entre el gobierno Petro y el de De la Espriella.
Entre las principales propuestas figura la eliminación de la audiencia de formulación de imputación, con el propósito de agilizar el paso hacia la etapa de acusación. Esto significa que una persona investigada ya no tendría que pasar por esa primera diligencia en la que la Fiscalía le comunica formalmente los delitos que le atribuye.
También se plantea una reingeniería en la estructura de los jueces para que uno controle el proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria y otro, distinto, sea el encargado del juicio oral. Es decir, la intención es que un juez se encargue del proceso desde la acusación hasta antes del juicio y que otro juez o un tribunal diferente sea el que finalmente decida si el acusado es culpable o inocente.
Además, se propone reducir o retirar la intervención del Ministerio Público en el proceso penal ordinario y reubicar su personal en otras áreas consideradas de prioridad social.
El plan también contempla la creación de un órgano jurisdiccional independiente para investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia. A esto se suma un programa nacional de capacitación para fiscales y policía judicial con el fin de evitar libertades derivadas de errores de procedimiento. Otra de las medidas señala que, cuando la Fiscalía solicite la absolución de un procesado, el juez deberá decretarla de manera inmediata, preservando los recursos de las víctimas.
En materia patrimonial, el proyecto prevé que, en los delitos que afecten el patrimonio económico, las medidas no privativas de la libertad solo puedan concederse si el procesado garantiza el 50 % de la pretensión económica presentada por la Fiscalía. Asimismo, el Ministerio impulsaría una revisión del Código Penal para sacar de esa normativa conductas que considere no requieren persecución penal, con el objetivo de contribuir a aliviar la crisis carcelaria.
La hoja de ruta también propone fortalecer los preacuerdos bajo criterios de proporcionalidad entre la colaboración del procesado, el daño ocasionado y la reparación a las víctimas. Igualmente, plantea ampliar las Casas de Justicia y los mecanismos de justicia restaurativa como herramientas para la resolución alternativa de conflictos en los territorios.
Dentro de los ejes estratégicos aparece una ofensiva contra el lavado de activos mediante una estrategia interinstitucional, así como el fortalecimiento institucional y financiero de la Defensoría del Pueblo. También se proyectan cambios en las comisiones asesoras del Gobierno en materia de política criminal.
Finalmente, el documento señala que el Ministerio mantendrá una postura de veeduría y seguimiento crítico frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que buscará establecer un diálogo permanente, constructivo y de respeto con las altas cortes del país.
Redacción Justicia