El presidente Gustavo Petro reaccionó de manera pública a las revelaciones sobre un presunto esquema de tráfico de influencias y cobro de dádivas para la adjudicación de contratos públicos en diversas entidades del Estado.
La controversia surgió tras una investigación periodística que salpica a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes habrían exigido dinero a contratistas a cambio de gestiones institucionales sin ser funcionarias públicas.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado sostuvo que las evidencias divulgadas demuestran que los mecanismos de control gubernamentales impidieron que se ejecutaran irregularidades en la contratación.
“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ’empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia“, expresó el mandatario en la red social X, haciendo referencia al trabajo publicado por la revista ‘Semana’.
En su pronunciamiento, el presidente añadió: “La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía. El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”.
Asimismo, enfatizó que “el artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupcion que la fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el gobierno impidió robar”.
Los detalles del presunto esquema de intermediación por contratos con Gobierno Petro de Juliana Guerrero
Las denuncias periodísticas señalan que la estructura habría operado entre los años 2024 y 2026 en carteras como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad. Documentos, audios, comprobantes de transferencias bancarias y mensajes aportados por tres empresarios bajo reserva detallan la exigencia de pagos para pactar reuniones y garantizar licitaciones.
El funcionamiento de este entramado contemplaba tarifas específicas para los interesados en acceder a los proyectos:
* Un cobro inicial de un millón de pesos por la primera cita de contacto.
* Un anticipo de 200 millones de pesos tras el encuentro inicial.
* El compromiso de entregar el 10 por ciento del valor total de cada proyecto adjudicado.
Los fondos eran recolectados en efectivo en Bogotá o mediante depósitos a cuentas personales de David Trespalacios, un allegado a la familia. Adicionalmente, registros de WhatsApp evidencian giros mediante plataformas digitales como Nequi hacia las hermanas Guerrero, registrando pagos por 53 millones de pesos entre finales de 2024 y enero de 2025 bajo el concepto de avances para proyectos regionales.
Entidades y proyectos salpicados por las gestiones irregulares de Juliana Guerrero
Las conversaciones reveladas salpican la intermediación fallida en diversas iniciativas de carácter nacional y regional:
- Agencias e instituciones: coordinaciones y presiones detectadas en el Fondo Colombia en Paz, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Hospital Militar y Fiduagraria S. A.
- Sistemas de seguridad: tramitación para la adquisición e instalación de cámaras financiadas con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) del Ministerio del Interior.
- Acueducto en el Cesar: negociaciones adelantadas ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que incluyeron la compra de pasajes aéreos en diciembre de 2024 para acordar compromisos en la zona.
- Infraestructura hídrica en La Guajira: oferta de un proyecto de agua potable estimado en más de 27.000 millones de pesos a través del Ministerio de Vivienda en 2025.
- Programas de vivienda: acuerdos en múltiples municipios que exigían una comisión fija de 35 millones de pesos por localidad, sumada al 10 por ciento del costo de la obra.
Promesas incumplidas y reclamos de devolución de empresarios estafados por las hermanas Guerrero
A pesar de que las sumas desembolsadas por los contratistas superaron los 600 millones de pesos entre 2024 y 2025, ninguna de las adiciones presupuestales ni contratos prometidos se concretó.
Ante las presiones por la devolución del dinero durante el segundo semestre de 2025, Juliana Guerrero aceptó en mensajes de texto estar dispuesta a reintegrar los montos transferidos a sus plataformas digitales, sin que hasta el momento se hayan hecho efectivos los pagos.
Pese a los testimonios, registros y advertencias previas hechas por exfuncionarias como Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, las hermanas Guerrero no afrontan procesos penales por este caso de contratación, manteniendo únicamente una investigación formal contra Juliana Guerrero por la presunta presentación de un título falso para posesionarse en el Viceministerio de las Juventudes.
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, y contó con la revisión de la periodista.