Un grupo de encapuchados apareció en la Universidad Nacional el pasado 27 de mayo, ingresó al edificio de Aulas de Ciencias Humanas y desplegó carteles alusivos a la extinta guerrilla de las Farc, a la vez que afirmó pertenecer al Movimiento Bolivariano Farc-EP. Algunos estudiantes recibieron la instrucción de evacuar el lugar bajo la amenaza de que podrían activar artefactos explosivos.
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Un grupo de encapuchados apareció en la Universidad Nacional el pasado 27 de mayo, ingresó al edificio de Aulas de Ciencias Humanas y desplegó carteles alusivos a la extinta guerrilla de las Farc, a la vez que afirmó pertenecer al Movimiento Bolivariano Farc-EP. Algunos estudiantes recibieron la instrucción de evacuar el lugar bajo la amenaza de que podrían activar artefactos explosivos.
Casi cuatro meses después, el 11 de septiembre, el campus volvió a quedar en medio de hechos de violencia. Durante una protesta propalestina, varios encapuchados ingresaron a las instalaciones y sostuvieron un enfrentamiento armado con la Policía.
Estos episodios están en el centro del debate que abrió el gobierno de Abelardo De La Espriella al anunciar protocolos para establecer en qué circunstancias la Fuerza Pública podría ingresar a las universidades ante hechos de violencia, vandalismo o posibles actos terroristas. “Las universidades tienen autonomía. Eso no está en discusión, pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución”, señaló el mandatario, quien ordenó establecer un protocolo para diferenciar el ejercicio de la protesta de situaciones que requieran la intervención de las autoridades.
Las investigaciones
Las pesquisas conocidas por EL TIEMPO muestran que la preocupación de los organismos de seguridad ya no se concentra únicamente en la propaganda, los encapuchados o los artefactos explosivos. La Inteligencia y la Policía Judicial intentan establecer si estructuras ilegales buscan mimetizarse en entornos universitarios para identificar y captar jóvenes cuyos conocimientos puedan ser utilizados para fortalecer sus capacidades operativas.
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En Bogotá, una de las mayores preocupaciones se relaciona con los desórdenes recurrentes en la Universidad Nacional. El mayor golpe que ha asestado la Fiscalía contra personas que protagonizan desmanes en inmediaciones de esta institución se propinó el año pasado, cuando agentes de inteligencia capturaron a 11 supuestos integrantes de una célula llamada ‘los Nadie’ o ‘los Arruera’, vinculada a al menos 28 hechos violentos, aunque sin especificar a qué grupo armado pertenecían. El ente acusador los imputó por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de municiones o explosivos, y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.
Los coordinadores de esta red serían Sneider Sebastián Cantor, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios, alias Tolima. Junto a ellos fueron detenidos Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow; y Brian Stiven Valderrama, alias Garu, quien resultó herido al manipular explosivos dentro del campus. Según conoció este diario, el proceso se encuentra en etapa de juicio.
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En esas mismas instalaciones, en julio pasado, tres estudiantes fueron apuñalados por encapuchados. El rector José Ismael Peña advirtió que no se trataba de “incidentes aislados ni de simples actos de vandalismo”. Kevin Arriguí, representante estudiantil y uno de los sobrevivientes, aseguró que el ataque ocurrió después de que él y otros compañeros retiraran pancartas políticas de un sector sindical con el que mantenían diferencias ideológicas.
Las verificaciones también se extienden a Norte de Santander y Cauca. Según fuentes de inteligencia, se investiga si algunos estudiantes están siendo contactados en entornos universitarios por grupos ilegales —como el Eln— para colaborar en la adaptación de drones destinados al transporte y lanzamiento de explosivos.
Este diagnóstico plantea una posible transformación del reclutamiento tradicional. “Necesitan no solo afianzar su músculo de pie de fuerza, sino su músculo intelectual para la generación de nuevas armas”, agregó una fuente consultada.
Asimismo, las pesquisas abarcan posibles procesos de captación en universidades de Popayán y Cali. No obstante, las fuentes precisan que se trata de hipótesis pendientes de verificación judicial y hacen una aclaración: la propaganda, las expresiones políticas o la participación en protestas no constituyen por sí solas prueba de pertenencia o colaboración con un grupo armado.
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Unos antecedentes
Las alertas no son nuevas. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, recordó episodios registrados durante décadas en la Universidad Nacional: “En el año 2002 lanzaron explosivos contra la Embajada de Estados Unidos desde predios de la universidad con lanzacohetes y tubos. Lo mismo ocurre cuando se presentan explosiones de personas que fabrican artefactos y resultan heridas dentro del campus”.
En 2019, mediante la alerta temprana 023-19, la Defensoría del Pueblo pidió a las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica analizar “los riesgos de reclutamiento sobre adolescentes y jóvenes matriculados”. En dicho documento señaló que “es factible la vinculación a estructuras como el Eln de adolescentes y jóvenes de las localidades objeto de advertencia, a través de instituciones educativas oficiales y universidades públicas”.
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¿Qué hacer?
Para Acero, la discusión no debería limitarse a determinar si la Policía puede ingresar o no. “No se trata solo de lanzar papas bomba, atacar Transmilenio, bloquear vías o agredir a la fuerza pública. Suceden otros hechos que infringen la ley penal: robos de equipos a estudiantes y laboratorios, venta de drogas y agresiones sexuales en pleno campus. Todo ello merece atención”, explicó Acero.
En ese sentido, su propuesta busca establecer qué autoridades nacionales, municipales y universitarias deben intervenir mediante la creación de un consejo de seguridad permanente que permita compartir información y definir actuaciones según el caso.
Por su parte, Jorge Mantilla, doctor en Criminología por la Universidad de Illinois y experto en seguridad, coincide en la necesidad de fijar controles dentro del eventual protocolo: “De originarse un nuevo protocolo, la Policía debería entrar siempre acompañada por autoridades universitarias o del Ministerio Público que avalen sus actuaciones, garantizando que los procedimientos sean oportunos, pertinentes y ajustados a la ley”.
Finalmente, las investigaciones buscan individualizar a los responsables, determinar cómo se producen los contactos con los estudiantes, identificar fuentes de financiación y establecer si detrás de estas aproximaciones existen órdenes directas de los cabecillas de las estructuras armadas.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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