Colombia enfrenta uno de los problemas más delicados de su historia. En juego están hasta $30 billones de pesos, la noción de seguridad jurídica para invertir del Estado y la pertenencia sobre múltiples tesoros indígenas propios de la etapa precolombina. Todos esos son los elementos que reúne la demanda internacional por los tesoros del mítico Galeón San José que el inversionista estadounidense Sea Search Armada inició contra Colombia en 2023.
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EL TIEMPO conoció pormenores del caso, el cual está cada vez más cerca de iniciar sus audiencias de juicio. El escenario donde se definirá esta disputa es la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Países Bajos, la cual definirá qué tan cierto es, contrario a lo que sostiene nuestro país, que esta empresa encontró la embarcación en los ochenta y, por tanto, le pertenece hasta la mitad de sus tesoros.
El inversionista demanda que en 1982, con plena autorización del gobierno de la época, encontró el histórico Galeón San José en un punto cercano a las Islas del Rosario, en la jurisdicción de Cartagena. Ese antecedente, así como un fallo favorable de la justicia nacional (2007), lo llevó a reclamar la mitad de los jarrones, monedas, cañones, lingotes de oro y valijas chinas. Colombia se defiende a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), ahora bajo la dirección de Germán Calderón España, acompañada de la firma GBS Disputes y Xtrategy LLP. Lo último que se sabía es que Colombia presentó su escrito de defensa, el cual cuenta con el peritaje independiente del instituto oceanográfico norteamericano Woods Hole, el cual descarta que el demandante haya encontrado el Galeón y que son inexactas las coordenadas alertadas a las autoridades nacionales en su momento.
De hecho, recién en 2015 el expresidente Juan Manuel Santos anunció que Colombia había dado con las coordenadas del galeón, diferentes a las expuestas por Sea Search Armada y obtenidas por otro contratista de nombre Maritime Archaeology Consultants (MAC), también estadounidense. El estado del expediente es activo y la próxima gran etapa a comenzar es el juicio público que se llevará a cabo en La Haya. Sin embargo, EL TIEMPO está en capacidad de confirmar que la etapa de juzgamiento no se llevará a cabo, al menos, este año. Ello a pesar de que las autoridades de gobierno esperaban que se hubiese realizado desde finales de 2025. Las razones son múltiples, pero, según fuentes que conocen el proceso de cerca y que buscan mantener su nombre bajo reserva, se deben a la complejidad del expediente mismo.
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Las fuentes han insistido desde 2023 en que la reserva del expediente es de máxima importancia, pues revelar la ubicación precisa del Galeón pone en riesgo un tesoro avaluado en hasta USD $20 mil millones, lo cual, de hecho, lo convierte en el naufragio más valioso del mundo. Asimismo, la divulgación de datos no autorizados puede ser tomada por los jueces como una estrategia de presión por parte del Estado, lo cual tendría que ser defendido por la Andje, acumulando carga en el expediente. En ese sentido, los documentos emitidos en el desarrollo normal del caso, de fondo y procesales, vienen siendo verificados con lupa y tachados en los elementos, que pueden ser palabras o párrafos enteros, que los jueces consideran que protegen el galeón mismo y la seguridad de que no será saqueado. Y ese es un proceso dispendioso, pero que otorga rigurosidad de cara al juicio.
Previo al inicio del juicio, las partes están en una etapa denominada de solicitud de pruebas. Esta ocurre después de que el demandado y el demandante han presentado sus primeros escritos sobre el fondo del caso, y antes de la audiencia de fondo. Es una fase intermedia diseñada para que Colombia y Sea Search Armada puedan acceder a documentos que están en poder de la contraparte y que son relevantes para sustentar sus alegatos.
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Cada sujeto procesal está presentando una lista de documentos que solicita a la contraparte, explicando por qué son relevantes para el caso. Quien es requerido responde si lo hace por completo, parcialmente o si se niega. Luego, el tribunal arbitral resuelve cada solicitud punto por punto. Ante la magnitud de los trámites y la necesidad de mantener las reservas, el proceso ha tomado más tiempo de lo normal.
EL TIEMPO conoció que una de las solicitudes importantes verificadas durante esta fase, a petición de Sea Search Armada, fue la posibilidad de preservar los elementos de prueba ante las intenciones que desde 2024 tenía el gobierno anterior de intervenir el galeón. La Corte Permanente de Arbitraje accedió a la petición, solicitando a las partes que crearan un Protocolo de Preservación de Evidencia. Ello permitió que, en noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) recolectara tres monedas o macuquinas, dos tazas completas de porcelana, dos fragmentos de porcelana, un cañón de bronce, un fragmento de cuerda o cabo asociado al cañón antes descrito. Asimismo, se recolectaron muestras de sedimento y pequeños fragmentos de madera y metal asociados al cañón en cuestión. Todo ello permanece bajo estudio y no significó una violación durante el caso.
En diciembre de 2023, durante la audiencia sobre las objeciones por jurisdicción de Colombia, el Reino de España solicitó, incluso, autorización para intervenir en el arbitraje como amicus curiae, es decir, para aportar opiniones, información técnica o argumentos legales. España argumentó que existe una controversia jurídica con Colombia sobre la propiedad del Galeón San José, alegando que, en virtud del “principio de inmunidad soberana de los buques estatales”, la embarcación y su contenido siguen siendo propiedad pública española y patrimonio cultural subacuático de ese país, además de ser una “tumba de guerra” que debe respetarse. Sostuvo que su intervención era vital porque podría demostrar que Colombia no es la propietaria del Galeón, lo cual podría llevar a desestimar la demanda.
En ese caso, tanto Sea Search Armada como Colombia se opusieron a la solicitud de España. Asimismo, la Corte Permanente de Arbitraje le cerró la puerta, argumentando que la intervención del país ibérico se centró en un tema, la propiedad del San José, que no era objeto de esta etapa del procedimiento. Sin embargo, la decisión se adoptó estimando que España pueda volver a solicitar su intervención si el caso avanza a la fase de fondo y si logra demostrar un interés considerable y una contribución útil sobre cuestiones a desarrollar en juicio. Por ahora, la etapa de solicitud de pruebas seguirá cocinándose a fuego lento, mientras las partes se preparan para debatir en la fase de fondo, la cual conocerá Colombia en vivo. Entre tanto, el país avanza con la identificación de los tesoros, salvaguardando un patrimonio que permanece en plena disputa.
Jhoan Sebastián Cote – @JusticiaET – EL TIEMPO
