El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, quienes se encontraban vinculadas a procesos y negociaciones de paz en diferentes sectores del territorio nacional.
La medida penitenciaria responde a las directrices del Ejecutivo con el fin de fortalecer la vigilancia en los penales y neutralizar posibles maniobras delictivas desde el interior de las estructuras carcelarias.
Según la información oficial emitida en un comunicado de prensa firmado por la Oficina de Prensa del Presidente de la República de Colombia con fecha del 7 de julio de 2026, la orden busca frenar la capacidad operativa de las organizaciones al margen de la ley.
“Por instrucciones del presidente de la República, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC— ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz en diferentes sectores del país”, precisa el documento difundido por la Oficina de Prensa del Presidente de la República de Colombia.
Nuevos centros de reclusión de alta seguridad
Los 117 internos fueron movilizados hacia diversos penales de máxima y alta seguridad distribuidos en la geografía nacional. Entre las sedes receptoras se destacan:
• El Barne
• Ibagué
• Palmira
• La Dorada
• Valledupar
• Girón• Medellín
• Bogotá
Con este movimiento masivo, las autoridades penitenciarias buscan elevar los controles de seguridad y evitar que los reclusos mantengan coordinaciones con grupos armados o estructuras criminales externas, así como acceso a tratos especiales y comodidades en los lugares donde estaban recluidos.
🔴 Primeras decisiones de Abelardo De la Espriella: ordena traslado de 117 presos de alto perfil vinculados a diálogos de paz.
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 8, 2026
El Inpec reubicó a estas personas privadas en centros de alta seguridad del país. ⬇️ pic.twitter.com/ne0Rhrkmpk
Garantía de control e imperio de la ley
Esta determinación forma parte de las primeras acciones implementadas por la administración nacional para retomar el dominio absoluto de los establecimientos carcelarios y dar cumplimiento riguroso a las disposiciones judiciales dictadas por los tribunales.
Sobre el alcance de la norma, la Oficina de Prensa del Presidente de la República de Colombia argumentó en su comunicado: “Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ejercerá el control penitenciario con autoridad y dentro del marco constitucional. Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.