La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública.
El alto tribunal investiga una serie de denuncias en su contra por presuntas extralimitaciones como coordinadora del Gobierno en la mesa de paz instalada con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, cargo que desempeñó entre 2024 y 2026, bajo las directrices de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Esta investigación está relacionada con un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en La Picota, en Bogotá. Ese día, la senadora ingresó a la cárcel junto con funcionarios de la Fiscalía, en un procedimiento que terminó con la incautación de un arma de fuego, luego de información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.
Ahora, la Sala de Instrucción deberá establecer si la participación de Zuleta en ese procedimiento se ajustó a las funciones y competencias que le fueron asignadas en el marco de los diálogos sociojurídicos con esas estructuras criminales o si, por el contrario, excedió el alcance de su designación.
El episodio de ‘Pipe Tuluá’ tiene que ver con unallanamiento que, según la denuncia, la senadora habría liderado sin facultades judiciales ni autorización para hacerlo, y que permitió la incautación del arma que, supuestamente, iba a ser usada para asesinar a Giovanny Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’, recluido en el mismo pabellón.
Esta hipótesis nunca se comprobó oficialmente, pero además un congresista no puede liderar este tipo de procedimientos, reservados a las autoridades judiciales y penitenciarias. Este abuso de poder es sobre el que la Corte encontró méritos para llamarla a indagatoria y abrir una investigación formal en su contra.
Zuleta, sin embargo, enfrenta otras tres indagaciones. La segunda tiene que ver con la denuncia de la exministra Buitrago quien aportó los chats (revelados por EL TIEMPO en diciembre pasado) en los que le pedía frenar allanamientos o acelerar los traslados o permisos de algunos de los capos revestidos de negociadores.
El tercer proceso tiene que ver con sus presuntas responsabilidades, al ser señalada como la articuladora del polémico ‘tarimazo’ en La Alpujarra, en Medellín, un evento en el que el Presidente, su cúpula ministerial y los cabecillas de las principales bandas criminales anunciaron avances en los diálogos de paz urbana.
No obstante, estos capos estaban recluidos —algunos con condenas por homicidio, extorsión y secuestro— y se les tramitó un permiso especial con el Inpec, por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado, para asistir al acto político.
Finalmente, la cuarta indagación avanza para determinar si hubo relación entre elparrandón vallenato organizado en plena cárcel—por el que ya han sido destituidos 11 funcionarios del Inpec responsables de los controles ese día— y lamesa de diálogo sociojurídica que dirige Zuleta.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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